A partir de este martes 30 de mayo entra en vigor la llamada Ley 3 de 3 que prevé impedir que padres con antecedentes penales, violentadores o deudores ocupen cargos de servicio público.

Esta nueva ley, como se informó hace unos días,  fue aprobada por el Congreso de la Unión, misma que apenas este lunes se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y a partir de este martes estará vigente.

Advirtió que quien sea deudor alimentario, tenga antecedentes penales por violencia familiar, delitos contra la intimidad personal, contra la imagen personal, violencia laboral contra las mujeres, violencia obstétrica, violencia por parentesco, violencia institucional, hostigamiento sexual, acoso sexual, abuso sexual, estupro, violación o feminicidio, se le aplicarán las sanciones previstas en esta Reforma que promovió junto con el también diputado yucateco Rommel Pacheco y legisladores de otros partidos.

Recordó que el fondo de esta iniciativa, que modifica los artículos 38 y 102 de la Constitución Política del país, no es la sanción, sino avanzar hacia detener la violencia contra la mujer y el pleno desarrollo de las Niñas, Niños y Adolescentes.

“Y si a ello le agregamos que se emitió la llamada Ley Sabina -vigente desde el 9 de mayo pasado- en la que se prevé la conformación de un padrón nacional con los nombres de los deudores, es prácticamente insalvable cumplir”, dijo Cecilia.