Yucatán cuenta con una Fiscalía de vanguardia al convertirse en el primer estado del país que implementa, en coordinación con la Embajada de Estados Unidos, las 12 herramientas de la Política de Persecución Penal (PPP), resultado del impulso del Gobernador Mauricio Vila Dosal para innovar y garantizar la impartición de justicia, posicionando a la entidad como referente en el sistema de justicia a nivel nacional.

A través del programa “Mi Fiscalía”, la Fiscalía General del Estado (FGE) trabaja de manera coordinada con autoridades de Estados Unidos para definir objetivos institucionales de investigación y persecución penal, mediante herramientas de gestión que garanticen su cumplimiento.

De esta forma, la entidad se convirtió en la primera del país en implementar, en su totalidad, este programa de cooperación internacional, en todas las áreas, incluidas las que atienden los casos más sensibles para la sociedad.

En representación del Gobernador Mauricio Vila Dosal, el titular de la FGE, Juan Manuel León León, junto con autoridades del país norteamericano, realizó la presentación de esta estrategia que, a la fecha, Sonora, Sinaloa, Baja California, Nuevo León, Ciudad de México y Zacatecas han abordado estos trabajos, sin embargo, Yucatán destaca por haber adoptado la docena completa de estrategias.

Acerca de la iniciativa de Yucatán por implementar importantes acciones cómo está en materia de impartición de justicia, la Cónsul de Estados Unidos en Mérida, Dorothy Ngutter, aplaudió el abordaje integral de la FGE al socializar la PPP, hacia la consolidación de una atención eficaz y eficiente, ante los fenómenos delictivos. 

Por su parte, el titular de la FGE, Juan Manuel León, señaló que las estadísticas de México, ubican al territorio como primer lugar en varios rubros, mientras se desarrolla cambios medulares en esta institución, pues la principal meta es avanzar más en procesos, investigación de delitos, conformación de carpetas, seguimiento y una atención sensible hacia quienes asistan para interponer una denuncia o solicitar trámites.

El funcionario estatal recordó también que, al cabo de un año, se construyó esta Política con la participación de la ciudadanía y diversos actores de este ámbito, lo cual deja métodos y una estrategia clara, para operar la carga de trabajo y la organización institucional, para “seguir avanzando, cuando hablamos de una atención sensible a la sociedad, en garantizar el acceso a la justicia, como nuestra prioridad”.

Este esquema que forma parte del programa Mi Fiscalía, de alcance nacional, incluye metodologías de cooperación internacional y en la que, a través de diversos talleres, participaron representantes de asociaciones civiles, empresas, academia y líderes de opinión; con sus observaciones y seguimiento, contribuyen con las gestiones enfocadas en mejora y fortalecimiento institucional.

Se cuenta con el respaldo de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia (INL, por sus siglas en inglés) estadounidense, así como especialistas enfocados en diseño, análisis, evaluación e implementación de políticas públicas, que brindan servicios técnicos relacionados con la implementación de la reforma al Sistema de Justicia Penal en México.