Pedro Castillo ordenó durante el mediodía disolver el Congreso de Perú, pero el mismo poder legislativo votó a favor de destituirlo, agravando aún más la ya existente crisis política en el país andino, que se ha extendido a lo largo de cuatro años. Tanto el depuesto mandatario como los legisladores se habían enfrentado en varios choques políticos desde que asumió el poder en julio de 2021.

Ambos poderes enfrentaban un gran desprestigio social. El Congreso, controlado por la derecha, buscaba nuevamente destituir a un presidente por acusaciones de corrupción y “traición a la patria”; mientras que Castillo criticaba a los legisladores de impulsar la inestabilidad en el país por no apoyar sus reformas.

Tras el avance de las investigaciones, el Congreso de Perú volvió a presentar nuevamente la vacancia por “permanente incapacidad moral”. Castillo denunció que los legisladores intentaban cometer un “golpe de estado” en su contra y que iba a permanecer en el cargo como lo mandata la Constitución, hasta 2026. Los choques entre ambos se habían agravado, al grado de que generaron la renuncia de su jefe de Gabinete, Aníbal Torres.

La destitución estaba pensada para votar este 7 de diciembre, y estaba proyectado que volvería a fracasar la nueva moción. Sin embargo, Pedro Castillo decidió adelantarse y ordenó la disolución del Congreso y decretar el estado de excepción, tres horas antes de que los legisladores votaran la tercera vacancia, esto generó un rechazo inmediato de sus ministros, que dimitieron de inmediato y condenaron el accionar del ahora ex presidente.

En tanto, los legisladores siguieron votando la minuta, que terminó con 101 votos a favor de destituir a Castillo. Tanto la oposición como la entonces vicepresidenta Dima Boluarte acusaron a Castillo de cometer un “golpe de Estado “. Las Fuerzas Armadas respaldaron casi de forma inmediata al Congreso y los legisladores se apresuraron en nombrar a Boularte como presidenta, ya que así lo mandata la Constitución.

Por su parte, Castillo fue inmediatamente detenido al salir del Palacio del Gobierno y fue llevado a las oficinas de la fiscalía en Lima, pasando a ser automáticamente apartado del cargo. El paradero de su esposa e hijos era desconocido en medio de rumores de un asilo en la embajada de México en la capital peruana.

Además, el Congreso de Perú anunció que Pedro Castillo será sucedido en el poder por la vicepresidenta Dina Boluarte.

Horas antes de la destitución anunciada por el Congreso, Pedro Castillo dijo en un mensaje televisado a la nación que se convocarían en la mayor brevedad a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes, el cual tendría que elaborar una nueva Constitución en un plazo de nueve meses.

Tras el anuncio de Pedro Castillo, los legisladores calificaron las medidas como un intento de Golpe de Estado e, incluso, los propios funcionarios de Pedro Castillo criticaron la decisión.

Postura del Gobierno Mexicano 

Por medio de sus redes el presidente López Obrador recordó que “es un principio fundamental de nuestra política exterior la no intervención y la autodeterminación de los pueblos.

“A eso nos ceñimos en el caso de lo sucedido en Perú. Sin embargo, consideramos lamentable que por intereses de las élites económicas y políticas, desde el comienzo de la presidencia legítima de Pedro Castillo, se haya mantenido un ambiente de confrontación y hostilidad en su contra hasta llevarlo a tomar decisiones que le han servido a sus adversarios para consumar su destitución con el sui géneris precepto de “incapacidad moral”, Ojalá se respeten los derechos humanos y haya estabilidad democrática en beneficio del pueblo”.

 

AMLO