CDMX, 17 de mayo de 2024. Mujeres permisionarias de taxis del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México solicitan al nuevo director general de esa terminal aérea, José Ramón Rivera Parga, que inicie una investigación por actos de corrupción y fraude a la empresa SPASA y a su director Gerardo Aurelio Gallardo, a quienes acusan de ingresar al servicio de taxis de forma fraudulenta y con el cómplice apoyo de la administración anterior, cuyos responsables se encuentran aún dentro del Aeropuerto.

Las permisionarias aseguran que desde un principio SPASA, con el apoyo y complicidad del entonces director del Aeropuerto, Carlos Velázquez Tizcareño, utilizó firmas de permisionarios de la empresa SITIO 300 para establecer a la primera como prestadora del servicio.

Posteriormente, explican, Gallardo Ortiz se colude con el director del área Jurídica del Aeropuerto, José Luis Martínez Colina, para amenazar a permisionarios de SITIO 300, con el fin de que firmaran un reconocimiento de deuda y de agremiarse a SPASA o se quedarían sin trabajo.

Es entonces que con el apoyo del abogado Oscar Ernie Orozco, SITIO 300 logró establecer un contrato serio, cuya letra nunca fue cumplida ni por SPASA ni por el AICM.

“Hoy nuestro futuro es incierto, ya que sabemos que entrarán otras empresas a competir y no podemos migrar, ya que SPASA no pagó nuestras contraprestaciones como estaba pactado en el contrato y si nos vamos no nos pagará lo que ya nos descontó”, advierten los permisionarios de SITIO 300, quienes consideran que la justicia para ellos no puede esperar.

Explican que Martínez Colina, el ex director Carlos Velázquez Tizaremos y el ex subdirector de Transportación Terrestre, Mario Sánchez Becerra, les ordenaron entonces que debían obedecer al director de SPASA, “quien ahora quiere migrar con todos los beneficios de su corrupción a una nueva empresa llamada AEROTAXI sin pagar las contraprestaciones que se pactaron con el AICM”.

De esta forma, las permisionarias de taxis acusaron que en la administración de Velázquez Tizcareño reinó la corrupción: dieron a SPASA Tarjetas de Identificación Aeroportuaria (TIA) sin tener contrato y contrataron cajas que le quitaron a SITIO 300.

Las permisionarias exigen a José Luis Martínez Colina responda por las atrocidades y el manejo discrecional de colocar cajas a SPASA para venta de servicio “por una dadiva de $800,000.00, dicho así por el mismo Gerardo Gallardo Ortiz al pedirle los socios originales de SPASA explicaciones de este faltante”.

Las permisionarias consideran que se trata por lo tanto de un “gran fraude”, que clama por justicia por parte de la nueva dirección del Aeropuerto una profunda investigación, ya que los funcionarios que participaron y participan en estas irregularidades: José Luis Martínez Colina, director de Asuntos Jurídicos; Rebeca Cruz Martínez, asesora jurídica, así como Martha Arciniega y Gustavo Arce Landa, aún se encuentran en sus cargos dentro de la terminal aérea capitalina.