Representantes de las comunidades mayas de Ixil, Kinchil, Santa Gertrudis Copó y Santa María Chi alertaron sobre la urgente necesidad de establecer un modelo de desarrollo sustentable que sea diseñado por y para las propias comunidades, ante los crecientes riesgos de despojo territorial, destrucción ambiental y desaparición cultural.

Durante una reunión reciente, los líderes comunitarios señalaron que el actual modelo de desarrollo no solo viola sus derechos, sino que está conduciendo a su exterminio físico y cultural.

“Nos están despojando de nuestras tierras, saqueando nuestros recursos naturales y destruyendo la biodiversidad de la que dependemos. Este modelo contamina el agua, el aire, ataca nuestro tejido social, aumenta la desigualdad y está exterminando nuestra cultura”, expresó Federico May, representante del Consejo Comunitario de Ixil, Kinchil y Santa María Chi.

Los problemas más graves que enfrentan las comunidades mayas incluyen la invasión descontrolada de complejos inmobiliarios, la cría industrial de cerdos y aves, la deforestación masiva, la urbanización de la costa y la marginación de las comunidades indígenas en contextos urbanos.

Estos proyectos afectan gravemente los modos de vida sustentables y provocan desplazamientos forzados.

Federico May denunció, además, que grandes intereses políticos y económicos están despojando de miles de hectáreas a los ejidos mayas, que ya han sido registradas como “propiedad privada” por familias poderosas con conexiones políticas.

“Estas tierras, que deberían ser de las comunidades, están siendo vendidas por internet y ya podrían tener ‘dueños virtuales’ que no conocemos. Las autoridades aún no han frenado esta práctica”, aseguró May.

A su vez, los campesinos mayas enfrentan una situación aún más crítica desde que, el año pasado, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) retiró el subsidio de riego agrícola a las comunidades y pequeños productores.

Esto ha resultado en cargos exorbitantes, llegando a ascender hasta los 50 mil pesos por concepto de servicios de riego, lo que ha puesto en riesgo la subsistencia de muchas familias.

Leydi Cocom, representante de la comisaría de Santa Gertrudis Copó, por su parte, denunció la urbanización desmedida en el norte de la ciudad, donde proyectos privados como torres departamentales y centros comerciales han incrementado los precios de la tierra y los impuestos, lo que ha generado una presión insostenible sobre las comunidades locales.

Cocom recordó que esta comisaría forma parte del catálogo nacional de los Pueblos Indígenas, ya que alberga un sitio arqueológico con más de 2,300 años de antigüedad.

La voz unánime de los representantes comunitarios exige un alto a la destrucción de sus territorios y un modelo de desarrollo que respete y promueva los derechos indígenas, que garantice su supervivencia cultural y ambiental.

Las comunidades mayas insisten en que el futuro de sus pueblos depende de la adopción urgente de un enfoque que proteja sus tierras, su cultura y su modo de vida.

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