Mérida, Yucatán. En Yucatán ya es ilegal ejercer como asesor inmobiliario sin contar con licencia oficial y estar inscrito en el Registro Estatal de Asesores Inmobiliarios, advirtió la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Mérida. La medida forma parte de una reforma histórica que busca profesionalizar el sector, proteger a los consumidores y garantizar operaciones transparentes y seguras.

Durante una rueda de prensa realizada en las instalaciones del organismo empresarial, la AMPI llamó a todos los actores del mercado inmobiliario a cumplir con la nueva normativa publicada por el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial del Estado (INSEJUPY) y evitar sanciones por operar sin la debida acreditación.

Con esta acción, Yucatán se convierte en el estado número 24 del país en exigir licencia para ejercer la intermediación inmobiliaria, una tendencia nacional que avanza hacia la regulación estricta del sector.

Los requisitos clave para obtener esta licencia incluyen: la certificación federal EC0110.02 avalada por la SEP, 50 horas de capacitación formal en programas reconocidos por la autoridad, y el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana 247, que obliga a usar contratos de adhesión validados por Profeco.

AMPI Mérida destacó que la ley y su reglamento —publicados el 31 de julio de 2024 y el 21 de mayo de este año, respectivamente— colocan a Yucatán a la vanguardia en materia de seguridad patrimonial. Asimismo, subrayó que esta entidad es la única del país que exige validación del notariado para participar en la escrituración de inmuebles.

“Nuestro mercado inmobiliario lo pedía desde hace años. Hoy, contar con asesores capacitados y certificados ya no es una recomendación: es un requisito legal”, subrayó el organismo, que anunció su disposición para formar y certificar a nuevos profesionales.

El INSEJUPY, además de administrar el Registro Público de la Propiedad y el Catastro, será el encargado del nuevo Registro Estatal de Asesores Inmobiliarios, herramienta clave para garantizar seguridad jurídica y orden urbano en el estado.